El Juzgado de lo Penal 2 de Ferrol acogió, en la mañana de ayer, la primera sesión del juicio por la explosión mortal en una nave industrial de Catabois que se produjo en febrero de 2013. La citada deflagración se cobró la vida de un varón de 35 años de edad que realizaba las funciones de director técnico y comercial, según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía, y causó, además, quemaduras graves en el 12 % de la superficie corporal a uno de los trabajadores de la empresa que requirió de 45 días de hospitalización y presenta secuelas como trastorno neurótico por estrés postraumático leve, perjuicio estético moderado y déficit de agudeza auditiva.
En el citado espacio, la empresa Sistema Integral de Tratamiento de Agua, constituida en el año 2009 y actualmente en situación de cierre provisional, llevaba a cabo un proyecto experimental para la obtención de biorresinas a partir de biodiésel mediante una técnica consistente en el uso de ozono para provocar una reacción química exotérmica, es decir, por desprendimiento de calor. Tras diversas incidencias, acaecidas los días 5, 6 y 9 de febrero, el día 11 el generador autónomo y alimentado con gasóleo dejó de funcionar. La falta de combustible impidió la reducción de temperatura hasta la reparación realizada por operarios externos. Dos horas más tarde se produjo un nuevo desajuste de temperatura, que se elevó por encima de los 80 grados (el nivel máximo se había establecido en 50) y derivó en una explosión que despidió la cubierta de la nave por los aires.
Petición de seis meses de cárcel
La Fiscalía solicita para los entonces coordinador técnico y director químico sendas penas de seis meses de prisión e inhabilitación por un período de tres años para el ejercicio de cargos relacionados con la utilización de sustancias inflamables por un delito de lesiones por imprudencia grave y profesional y contra los derechos de los trabajadores por imprudencia profesional. Además, conjunta y solidariamente con la responsabilidad civil directa de la aseguradora y subsidiaria de Sistema Integral de Tratamiento de Agua, se demanda que indemnicen al trabajador herido por la cantidad de 21.015 euros por los días de curación, 25.000 euros por las lesiones permanentes (incluido daño moral) y en 12.000 euros por el perjuicio estético.
Durante la sesión inicial, los dos acusados fueron interrogados por los letrados de la acusación, defensa, Ministerio Fiscal y representantes civiles. El proceso se interrumpió en torno a las 14.00 horas del mediodía y está previsto que se prolongue a lo largo de toda la semana.
Ambos negaron conocer la existencia de un protocolo de seguridad y de prevención de riesgos laborales y sostuvieron que las decisiones relativas al proyecto eran tomadas por el director técnico y comercial, fallecido durante la deflagración. En el caso del entonces coordinador de proyectos, que se encontraba fuera de la ciudad en el momento de la explosión, manifestó no haber recibido de la empresa ningún equipo de protección, añadiendo que el director técnico le indicó que «me trajese unas botas de seguridad si las tenía». Sobre la vigencia de los permisos y licencias pertinentes para la ejecución de la denominada «fase de puesta en marcha», el acusado manifestó: «No me consta que la tenga, ni que no la tenga». Por otra parte, el químico, contratado por la empresa como director científico, defendió que su responsabilidad se limitaba a la búsqueda de centros que realizasen las pruebas requeridas y al análisis de los valores obtenidos en las mismas.
La explosión en una fábrica en pruebas que se saldó con un muerto y dos heridos en 2013 Carmela López
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